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OPINION- La soberanía: más necesaria que nunca

Por L. RAMFIS DOMINGUEZ TRUJILLO

El pasado 23 de Septiembre, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió su sentencia 168-13, que en efecto, apoya de manera perentoria el Artículo 18 de nuestra Carta Magna en su última versión (promulgada en Enero del 2010), que impone de nuevo el precepto de jus sanguinis o “derecho de sangre” como principio para adquirir la nacionalidad dominicana.

Esta disposición otorga la nacionalidad únicamente en base a los vínculos sanguíneos, y exige que cuando menos uno de los padres, sea nacional dominicano. En contraste, la Constitución de Moca del 1858, requería que ambos padres poseyeran sangre dominicana para ser favorecido con nuestra ciudadanía.

 En efecto, tanto la modificación a nuestra Constitución en el 2010 y el veredicto del Tribunal Constitucional, intentan corregir el error que se cometió con la disposición del “derecho a suelo” o jus solis, en la Constitución del 1929, que concedía la nacionalidad dominicana a toda persona nacida dentro del territorio nacional.

En un acto de repudiable intromisión extranjera, numerosas organizaciones internacionales y ONGs que, conforme la ley 47-01 del 1957 también son agentes extranjeros (ya que reciben apoyo económico internacional), condenaron el fallo de nuestra máxima autoridad jurídica, con un despliegue fanático y apasionado, y sin el más mínimo respeto a nuestra soberanía y nuestras leyes, y sin el más mínimo interés por conocer nuestra historia, nuestro presente, y las condiciones tan nocivas a las que nos tienen sometidas, con una invasión pacifica, que pesa de manera extraordinaria sobre nuestros recursos, nuestra seguridad, y nuestra soberanía.

Todos estos organismos persiguen sancionar a la República Dominicana y han dedicado sus esfuerzos en desprestigiarnos con una cobertura absolutamente desvirtuada e injusta en todos los medios de comunicación internacional. La prensa ha preferido hacerle caso omiso a la hipocresía de muchos de estos que solo persiguen lucro y reconocimiento y peor aún, de los países que se han sumado a este esfuerzo, cuyas políticas migratorias y su aplicación han sido mucho más rigurosas. 

Estos medios ignoran intencionadamente la solidaridad que siempre hemos exhibido con el país vecino, y con fines de amedrentar y sugestionar al mundo, excluyen de sus escritos toda mención de las diversas leyes que asisten a todo extranjero nacido dentro y fuera de la República Dominicana, como lo son la ley 1683 sobre la Naturalización del 1948, y la Ley 285 del 2004 sobre la migración, entre otras disposiciones más que favorecen a toda persona que desee convertirse en nacional dominicano.

Para vilipendiar determinadamente a nuestra patria, estos grupos declaran que el fallo 168-13 deja en condición de apátrida a cientos de miles de residentes nacidos en el territorio nacional y de origen haitiano, ignorando deliberadamente los esfuerzos de nuestras instituciones gubernamentales que trabajan para regularizar a estos asentados;  la disposición de jus sanguinis de la Constitución Haitiana que les otorga ciudadanía haitiana automáticamente; e inclusive, la “Convención Para Reducir Los Casos De Apátridas” del 1961, cuyos firmantes acordaron otorgar su ciudadanía a cualquier apátrida del mundo. 

Estos olvidan mencionar que la norma de jus solis - que otorga la ciudadanía simplemente por lugar de nacimiento- es aplicada en una gran minoría de los países del mundo, y generalmente estados con economías bien desarrolladas.

Es realmente penoso ver como algunos dominicanos, que aparentan estar más interesados en preservar su imagen a nivel internacional que el bienestar de su patria, abogan contra el derecho inalienable que tenemos de proteger nuestra soberanía, prefiriendo unir sus voces a las intrusiones colectivas extranjeras con señalamientos de xenofobia, anti-haitianísmo y demás. Peor aún, es ver la postura de algunos de nuestros funcionarios que, en aparente complicidad con aquellos intereses -incluso en medio de serios alegatos sobre una nefasta corriente que favorece la fusión de nuestros países- señalan el fallo como inoportuno, desacertado, y hasta ilegal.

En estos momentos de grandes desafíos para nuestra abatida nación, necesitamos un liderazgo sólido, que se resista a las presiones de los organismos internacionales y que nos conduzca de nuevo por el camino de la prosperidad y la independencia económica, que es lo único que nos podrá liberar de estas funestas imposiciones. 

En ese sentido, es importante aclarar que el Poder Ejecutivo no tiene la autoridad para emitir decretos interpretativos (como lo es el 327-13) que intenten mitigar o rectificar el alcance de una ley o disposición de nuestra Carta Magna o de nuestras instituciones judiciales, y mucho menos con la intención de satisfacer las impertinentes exigencias de intrusos internacionales. A nuestro Primer Mandatario le corresponde velar por el cumplimiento de nuestras leyes y proteger nuestros mejores intereses siempre. Su mensaje debe ser claro, contundente, sin titubeos y contradicciones, ni hechos que discrepen con la sentencia de la máxima autoridad jurídica de nuestra patria y que persigan debilitar su trascendencia.

No podemos olvidar que la República Dominicana nació como fruto de un acto de separación política y territorial que logramos luego de numerosas conflagraciones bélicas, invasiones sangrientas y ocupaciones absolutamente perversas del país vecino. No somos xenófobos, y tampoco somos anti-haitianos, pero si somos Pro-Dominicanos, y defenderemos siempre los intereses de nuestros conciudadanos primero. Cuando hayamos podido superar las extraordinarias vicisitudes que nos afectan, entonces podremos preocuparnos por nuestros vecinos. Mientras tanto, necesitamos una política migratoria firme que conjuntamente con un programa fronterizo eficaz, nos ayude a erradicar la migración descontrolada que nos afecta tan perniciosamente.

Los haitianos son nuestros vecinos, y merecen nuestro respeto, consideración, amistad y solidaridad, pero tenemos todo el derecho de fortalecer nuestras delimitaciones fronterizas, e instituir las leyes que consideremos necesarias para proteger nuestra soberanía. Como bien lo expresó recientemente Pauline Marois (la Primera Ministra de Canadá) con una noción que debemos aplicar nosotros los dominicanos de manera urgente, hoy, “la soberanía es más necesario que nunca.”

Dominicanos, demos todo por la patria, incluso, hasta la misma vida.

¡Que viva por siempre República Dominicana!