Por: Nélsido Herasme
Yo saludo efusivamente el esfuerzo que, a través de sus
“tribunales judiciales”, está haciendo el gobierno por reventar al Partido
Revolucionario Dominicano.
El partido mas grande de la República Dominicana, el de
José Francisco Peña Gómez, el que en el pasado torneo electoral obtuvo 2
millones 130 mil votos, es en estos momentos un fuerte dolor de cabeza para un PLD que, gracias a las recursos y las
maniobras fraudulenta, se ha quedado en la conducción del estado.
Los números expresan que, a partir del 16 de agosto,
Danilo Medina encabezará un gobierno de absoluta minoría.
El PLD con todos los recursos en sus manos y los
vaticinios del presidente Fernández, de tú a tú, perdió 28 provincias de 32 que
conforman la geografía nacional.
En términos numéricos el PLD y su gobierno obtuvieron 37
frente a un 44 por ciento del PRD, equivalente a más de 300 mil votos.
De catorce provincias ganadas por los blancos, las diez
más productivas del país, el pasado 20 de mayo dijeron no al gobierno y si a un
cambio de rumbo.
Si el peledeísmo no contara con los recursos y la
maquinaria económica del estado el porcentaje de su simpatía se simplificaría a
un 21%, el cual se reflejó en la suma del 47 que votó por Hipólito Mejía, el 30
(inducido por la presión y compra masiva de cédula) que se abstuvo de votar,
más el 2 por ciento de las fuerzas políticas alternativas, suman un 79, lo que
indica claramente que Danilo hará un gobierno sin fuerza popular.
Es a partir de ese triste, desolador y vergonzoso
panorama que el Partido de la Liberación Dominicana pretende meter todo su
hocico en las entrañas del PRD, con el malsano interés de crear una crisis ante
las medidas de disciplina que han adoptado sus organismos institucionales.
Aquí no está en juego el deseo de quien tiene mas fuerza,
si Miguel Vargas o Hipólito Mejía, de lo
que se trata ahora es de preservar la unidad integra y monolítica del PRD, como
firme soporte de la democracia dominicana.
Al PLD hay
que colocarle un valladar. Es de ahí que se desprende que los perredeistas
asuman el programa de lucha reivindicativo
autorizado por su Comisión Política y refrendado en la última reunión del Comité
Ejecutivo Nacional e inicien el plan de movilizaciones de masa que focalice la
defensa de la democracia y de los intereses nacionales.
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