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Lily Batista y Familia
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Atraco a plena luz del día en Jaragua



Diputado presenta Proyectos de Resolución reconoce labor de Pro-Consumidor y en Defensa Mineros de Yeso de Barranca, Tamayo.
El Diputado de la Provincia Bahoruco, Rafael Méndez, presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de resolución que reconoce la labor que realiza la licenciada Altagracia Paulino al frente de Instituto Nacional de Protección a los Derechos a los Consumidores y Usuarios (Pro-Consumidor).
El referido proyecto presentado por el legislador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), resalta el rol que viene desempeñando el organismo de defensa a los consumidores y usuarios de servicios en la Republica Dominicana.
“Pro-Consumidor, sin duda alguna, ha venido desempeñando una labor de primer orden en defensa de los desamparados consumidores de servicios y producto, reduciendo de manera significativa el abuso que cometen los comerciantes en perjuicio de los usuarios, y, esa labor debe reconocida por la Cámara de Diputados”, dijo el diputado Rafael Méndez.
“Pro-Consumidor, en poco tiempo, ha logrado establecer un precedente en materia de defensa a los consumidores de gas licuado de petróleo y de los producto que se vende en tiendas y supermercados, sometiendo a la justicia a los violadores de las reglas establecidas, de la venta de productos completos y de la calidad pagada por el comprador, y eso el país reproducido, y por eso es necesario reconocer la positiva labor que desempeña la institución llamada a defender los consumidores”, afirmo el legislador de la provincia Bahoruco.




Este movimiento nace del entendimiento de la ex reyna "San José Obrero María Esther Díaz" y el apoyo incondicional de sus amigos, con la idea de que todos los Jaraguenses tengan las mismas oportunidades para poder realizar sus sueños. |

Dos muchachas que laboraban en dicha Zona Franca, fueron sorprendidas por el dueño de la Zona “Edward Montas”, el cual procedió de inmediato con una formar querella contra estas dos desaprensivas jóvenes, las cuales fueron llevadas a prisión y levantándoles una medida de coerción por tres meses para que el ministerio público realice su labor.